martes, 3 de mayo de 2011

La cooperación horizontal entre Comunidades Autónomas: El caso de la Salud Pública, por Miquel Porta

Hoy aparece publicada en El País una "tribuna" firmada por Miquel Porta y Xavier Arbós titulada "La salud pública exige más cooperación".  Ofrecemos al píe de este post (seguir leyendo) una versión más amplia del texto, del que aquí se destacan  sus principales ideas:



Ideas para el debate del proyecto de Ley General de Salud Pública
La cooperación horizontal entre Comunidades Autónomas: el caso de la Salud Pública
(una propuesta de salida ambiciosa y pragmática ante la crisis y ante el final del “pues yo más”)
Miquel Porta Serra*
Principales ideas del texto:
– La naturaleza físico-química, epidemiológica, ambiental y económica de muchos riesgos para la salud exige aplicar políticas que trascienden las fronteras autonómicas.
– Proteger eficientemente a los ciudadanos de riesgos que operan en escalas geográficas transcomunitarias exige un mayor grado de cooperación horizontal y vertical.
– La cooperación horizontal puede dar respuesta a riesgos que trascienden a cada CC.AA.
– La cooperación de las CCAA en salud pública debe centrarse más en los efectos que van a disfrutar los ciudadanos. De hecho, en ello debe centrarse más todo el sistema de salud pública.
– Ahora que las Cortes debaten el Proyecto de Ley General de Salud Pública es importante que sepamos por qué, en qué y para qué es esencial esa ley y la cooperación de las CC.AA. en salud pública.
– Podemos cambiar el recelo que durante la Transición provocaba la cooperación entre CC.AA. por la confianza en el progreso que ésta favorece.
– La salud pública es un buen motivo, una sólida piedra de toque y un amplio cauce para que la cooperación horizontal y vertical avancen.
– La salud pública es, probablemente, uno de los mejores ejemplos que existen en España de cooperación horizontal.
– Apreciar lo que ya cooperan las CC.AA. ayudará a políticas vitales para salir de la crisis.
– En España los convenios y acuerdos formalizados entre CC.AA. al amparo del artículo 145.2 de la Constitución siguen siendo grandes desconocidos, aunque la colaboración informal entre comunidades parece ser mucho más amplia. El análisis de sus características en el campo de la salud pública es prácticamente nulo. Es urgente subsanar esta carencia.
– Potenciar la cooperación en salud entre CC.AA. sería bien valorado por los ciudadanos
– Aumentar la cooperación entre CC.AA quitará hierro a los ensueños recentralizadores y a los soberanistas.
– La crisis económica frena en seco la perniciosa ideología del “pues yo más”. La ideología de la cooperación ofrece una salida factible, pragmática y atractiva.
– Un problema de como se trabaja actualmente en el Consejo Interterritorial (CI) de Salud es que se fía mucho al consenso y a la deliberación informal. En cambio, faltan análisis en profundidad de los problemas, análisis que sólo un organismo bien dotado en recursos humanos y técnicos puede efectuar, análisis que son fundamentales para equilibrar las presiones de los grupos de interés. Y faltan mecanismos democráticos de decisión, de modo que quienes queden en minoría acaten las decisiones de la mayoría.
– Las decisiones y la evaluación de su impacto rara vez están suficientemente apoyadas en órganos técnicos con la suficiente capacidad y estabilidad. Por eso es importante que la nueva ley de salud pública permita crear (si no ahora, dentro de poco tiempo) la Agencia Española de Salud Pública.
– Quizá la Comisión de Salud Pública del CI sea uno de los órganos del Estado del que más cooperación surge. No obstante, los protagonistas de ella prefieren actuar en marcos poco formalizados. Prácticamente siempre por consenso y utilizando procesos informales de deliberación, con un grado excesivamente alto de politización de los problemas y, por tanto, sin apenas espacio para el análisis técnico de cuestiones que habitualmente tienen un alto grado de complejidad y, además, enormes intereses económicos de grupos de interés perfectamente organizados en su permanente labor de presión, con frecuencia contraria a la toma de decisiones que supongan un ahorro de recursos públicos. Esa informalidad, el excesivo papel del consenso y la debilidad técnica de los procesos de decisión plantea graves problemas; por ejemplo, de seguridad jurídica y de eficiencia. Las instituciones (la Agencia Española de Salud Pública, las otras agencias y organismos autonómicos y municipales) ayudarían a resolver esos problemas. Algunas de tales instituciones están y estarán en Madrid, otras no; algunas instituciones autonómicas y municipales ya existen, sólo necesitan que se les reconozca o refuerce la legitimidad necesaria para actuar fuera de su propia CC.AA, para firmar acuerdos inter-CC.AA., para promover alianzas con organizaciones ciudadanas de ámbito estatal, etc.
– Existe un llamativo déficit de análisis sobre la actividad, la productividad y el impacto en salud del propio sistema de salud pública.

* Investigador del Instituto Municipal de Investigación Médica (IMIM) - Hospital del Mar, catedrático de la Universidad Autónoma de Barcelona y catedrático adjunto de la Universidad de Carolina del Norte. Junto con Xavier Arbós Marín (catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona), el autor organiza un encuentro sobre los temas del texto en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo el martes 26 y el miércoles 27 de julio de 2011 (www.uimp.es).
El autor agradece las excelentes aportaciones de Carles Viver Pi-Sunyer y de Joan Porta Pi-Sunyer, sin las cuales habría sido imposible desarrollar las ideas que aquí expone. Procede el eximente habitual.